Discurso de AMLO en el Zócalo el 18 de marzo de 2008
Amigas y amigos:
Agradezco a todos, a todas ustedes, ustedes su participación en esta importante asamblea ciudadana.
Agradezco de manera especial a Marcelo Ebrard, por estar aquí, con nosotros.
Aquí estamos de nuevo, mujeres, hombres, adultos mayores, jóvenes,
niñas y niños de todas las clases sociales y de todas las regiones del
país.
Como ustedes saben, a partir del fraude electoral nos propusimos la
transformación de la vida pública de México. Desde entonces, hemos
venido reiterando que los cambios que requiere el país no vendrán de
arriba, de los potentados y usurpadores, sino de un movimiento popular,
amplio, plural, organizado y capaz de abolir el régimen imperante de
opresión, corrupción y privilegios; un movimiento que haga posible
instaurar una nueva República, con una nueva economía, una nueva forma
de hacer política y una nueva convivencia social más humana y más
igualitaria.
En pocas palabras, tenemos la convicción de que sólo el pueblo puede
salvar al pueblo, que sólo el pueblo puede salvar a la Nación. Y hoy,
con esta idea por delante, estamos enfrentando el más grande de todos
los desafíos que nos haya tocado vivir.
Hoy, precisamente, que conmemoramos el 70 aniversario de la
Expropiación Petrolera, como paradoja de la historia, llamamos a
defender con inteligencia, valor y patriotismo, esta gran conquista del
pueblo de México.
Ante la amenaza de privatizar la industria petrolera y abrirle la
puerta de nuevo a las compañías extranjeras, hemos tomado la decisión,
indeclinable, de impedir, con la organización y la movilización del
pueblo, la consumación de esta desastrosa felonía.
¿Cuáles son nuestros argumentos para oponernos a la privatización de la industria petrolera?
Tenemos razones fundamentales para rechazar la llamada reforma energética, lo explico:
La primera razón es la defensa de nuestra soberanía nacional. Como
sabemos, durante el porfiriato se otorgaron concesiones a compañías
extranjeras para explotar el petróleo en nuestro territorio. Estas
compañías no sólo dominaban en este ramo de la economía, sino que eran
dueñas de grandes extensiones de tierras en donde se imponían de manera
absoluta cometiendo graves abusos e injusticias.
Uno de los logros más importantes de la Revolución Mexicana, fue que en
el artículo 27 de la Constitución se estableció el principio de que a
la nación le corresponde “el dominio directo de todos los recursos
naturales”. Y tratándose del petróleo se definió que “no se otorgarán
concesiones ni contratos… y la nación llevará a cabo la explotación… en
los términos que señale la ley reglamentaria respectiva”.
A pesar de este ordenamiento constitucional, las presiones y amenazas
de los gobiernos extranjeros impidieron, por más de veinte años, que se
expidiera la ley reglamentaria del artículo 27.
No pudo Carranza, no pudo Obregón, no pudo Calles. Inclusive, este
último presidente, después de haber promulgado, en 1925, la Ley
Petrolera que reglamentaba el artículo 27 Constitucional, tuvo que
retractarse ante la evidencia de un plan de intervención militar de
Estados Unidos para crear la República del Golfo de México.
De modo que no fue nada sencillo hacer valer el dominio de nuestra
nación sobre el petróleo. Para lograrlo se entrelazaron tres
condiciones inmejorables: tuvimos la fortuna de contar con un
Presidente popular, con sensibilidad política y, sobre todo, patriota,
el General Lázaro Cárdenas del Río. Desde entonces no hemos tenido a un
hombre público de esas dimensiones.
También fue decisivo que en Estados Unidos gobernaba el presidente
Franklin Delano Roosevelt, uno de los más grandes políticos del mundo,
en el siglo XX. Durante su Presidencia, aplicó una política de buena
vecindad con los países del continente americano.
En ese entonces se reconoció la soberanía de Cuba y Panamá y ordenó la
retirada militar estadounidense de Nicaragua y de Haití.
La autenticidad de su política de buena vecindad tuvo su mejor ejemplo en el respeto a la soberanía de nuestro país.
En los días posteriores a la expropiación petrolera, en una carta el General Cárdenas lo reconoce así. Citó textualmente:
Mi gobierno considera que la actitud asumida por los Estados Unidos de
Norteamérica, en el caso de la expropiación de las compañías
petroleras, viene a afirmar una vez más, la soberanía de los pueblos de
este continente, que con tanto empeño ha venido sosteniendo el
estadista del país más poderoso de América, el excelentísimo señor
Presidente Roosevelt.
Puede traicionarme la memoria, pero me parece recordar que lo solicitado por
la revista Proceso sobre las boletas electorales de la elección
presidencial de 2006 era acceso a ellas para volverlas a contar, y no, como ha
resuelto la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, para impugnar las leyes electorales
entonces vigentes ni el proceso comicial ya concluido.
Desde el principio, tanto la revista como algunos universitarios solicitaron
contar los votos a sabiendas de que dicha acción, de haberse permitido, no
cambiaría los resultados electorales, sino sólo resolvería la gran incógnita de
muchos mexicanos de si los resultados fueron correctos o no. La negativa de
seis magistrados contra cinco demuestra, una vez más, que la gente del poder no
quiere que se le haga la autopsia, por decirlo así, al cadáver electoral. Hay presunción
fundada de que dicha víctima fue asesinada; no se tiene la certeza de cómo
exactamente se cometió el crimen, si fue asfixiada o murió de un golpe en la
cabeza o de un balazo. La autopsia nos revelaría algo al respecto o, quizá, que
la víctima en realidad no fue asesinada sino que falleció de lo que los médicos
llaman muerte natural. Con el conteo extraoficial y sin validez jurídica se
aclararía si hubo o no fraude electoral, si ganó Calderón o López Obrador. Nada
más, pues, aunque tramposamente, es cosa juzgada, y ya ni modo.
Sin embargo, temerosos los del poder establecido, se han negado a aclarar
estas dudas, a pesar de que sería en beneficio de la salud de la nación. Han
preferido negar un derecho a la transparencia electoral que tenemos todos los
ciudadanos; han preferido pasar a la historia como marrulleros autoritarios,
que aclararle al mundo cómo fueron en realidad las elecciones federales
pasadas. El siguiente paso será, si la lógica del poder se cumple, que el IFE
ordene destruir las boletas electorales, es decir el cuerpo del delito. Y los
mexicanos nos quedaremos siempre con la duda, al igual que tal vez nunca
sepamos quién en realidad mató a Colosio, por ejemplo.
Los seis magistrados de la
SCJN que votaron en contra de que se cuenten los votos otra
vez han ratificado el enorme temor que existe en las esferas del poder
institucional dominado por el PAN de que quizá Calderón no ganó. Han preferido
no arriesgarse, ¿qué tal que resulta que perdió? Y esto, aunque no tenga
validez jurídica, sí provocaría una enorme decepción en los mexicanos, y hasta
es probable que nos enojáramos, y lo que de esto pueda derivarse.
Es una lástima que Felipe Calderón, dada la pequeña diferencia entre sus
supuestos votos y los supuestos votos de su principal contrincante, no haya
sido el primero en pedir que los votos se volvieran a contar. Lo único que
logró con su contumacia fue aumentar la duda sobre su triunfo, olvidando la
vieja máxima que dice que el que calla otorga, o la otra que dice que el que
nada debe nada teme.
Si me doy cuenta de que me falta la cartera en el bolsillo y atrás de mí veo
a un personaje que trata de pasar inadvertido o que lleva a cabo movimientos
sospechosos, puedo pensar que él fue el ladrón. Llamo al policía más cercano y
éste le pide que vacíe sus bolsillos. Si se niega, se hará más sospechoso, y si
accede y no se le encuentra mi cartera, me disculparé ampliamente y reconoceré
que me equivoqué y que ese personaje es inocente. Pero Calderón no quiso
hacerlo, el IFE de Ugalde tampoco, el tribunal electoral ignoró infinidad de
pruebas sobre la suciedad de las elecciones y falló en contra de que se
contaran todos los votos. ¿Cuál puede ser la única conclusión lógica? Que no
quisieron que se supiera la verdad. El máximo tribunal de la nación ha hecho lo
mismo, ocultar la evidencia y dar pie para que las boletas sean destruidas.
¿Podré creer en las instituciones de la República después de esto? No, ni tampoco
millones de mexicanos.
Muchos amigos míos, tanto los muy enterados como otros medio apáticos, me
han dicho que no hubo fraude y me han dado decenas de argumentos; pero ellos, a
diferencia de quien se ostenta como gobernante y de nuestros magistrados, sí
estuvieron de acuerdo en que las boletas electorales fueran contadas de nuevo
por personas ajenas al poder institucional y confiables por lo mismo. Unos lo
dijeron públicamente y otros no, por temor a perder su trabajo, pero pensaron
que no hubiera habido ningún problema en el recuento, incluso –en opinión de
ellos– para ratificar que las irregularidades habidas en el cómputo oficial no
hubieran cambiado sustancialmente los resultados. Nada. Los del poder
institucional cerraron filas y terminaron siendo cómplices, por lo menos, de
mantener la duda entre quienes pensamos que sí fue fraudulenta esa elección y
que no triunfó Calderón. Con su terquedad confirman, para mí, que sí hubo
trampa y que el golpe de Estado ex ante (del que he escrito en otros
momentos) sí se llevó a cabo, aunque poco podamos hacer ahora para cambiar las
cosas.
Es una lástima que estas cosas ocurran en México. Pero, contra lo que
probablemente piensan los del poder, no nos acostumbraremos: seguiremos la ruta
de la oposición en la medida de nuestras posibilidades. Y, una conclusión
inevitable: las instituciones son dudosas y poco confiables.